PROTECCIÓN Y OPORTUNIDADES: SEGURIDAD CIUDADANA

En toda sociedad democrática es necesario contar  con un ambiente
seguro, entendido éste como el respeto colectivo entre los ciudadanos
en su convivencia.

La seguridad es una de las principales necesidades que demanda
la población, ya que afecta directamente su calidad de vida.
Dichas necesidades son diversas en la medida que corresponden
a dinámicas locales por lo que requieren de respuestas territoriales
descentralizadas y adaptadas a cada una de las particularidades de
los entornos específicos en que se producen. Debemos plantearnos
nuevas reformas que nos permitan ponernos al nivel de países
desarrollados en reducción del delito.

La experiencia que hemos acumulado como país, nos muestra que la prevención es mucho más eficiente en la lucha contra la delincuencia que la disuasión mediante penas u otros mecanismos afines.

Prevención
Elaboraremos un Plan de Gobierno para el período 2014- 2018
denominado “Seguridad para Todos”. Revisaremos el marco
institucional existente que permita facilitar el rol municipal en
materia de seguridad ciudadana y de cooperación con la policía y la
justicia.

Crearemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito una Unidad
Técnica de apoyo a los municipios. Impulsaremos el Programa “Juntos
más seguros” de apoyo a comunas vulnerables y barrios críticos. Este
programa deberá ejecutarse de manera conjunta por policía, gobierno
central, municipio y mesas comunales de participación ciudadana.

Extenderemos el programa 24 Horas a 25 comunas del país que dan
origen a cerca de 50% de los ingresos de niños, niñas y adolescentes
a unidades policiales por razones de infracción y vulneración. En los
primeros 100 días de Gobierno anunciaremos las 11 nuevas comunas
que se sumarán al programa 24 horas.
Fortaleceremos la atención de salud mental a través de los centros
comunitarios de salud mental (COSAM ) creando equipos especialmente
destinados a estos fines, en las comunas más vulnerables del país, en
conjunto con el Ministerio de Salud.

Violencia de Género
Duplicaremos el número de las Casas de Acogida para proteger a las
víctimas de violencia grave y a sus hijos(as), llegando a 48 en todo
el país y aumentaremos los Centros de la Mujer en las comunas con
mayores índices de violencia.

Reforzaremos el programa de atención inmediata del Ministerio
Público para víctimas de violencia intrafamiliar que implica contactar
a la víctima en 24 horas y adoptar medidas protección dentro de las
primeras 48 horas como máximo, y así cubrir el 100% de casos de
denuncias de violencia intrafamiliar.

Crearemos al interior de 150 comisarías del país las denominadas
salas de familia, que serán atendidas por funcionarios llamados al
servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial
destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de
niños niñas y adolescentes como programa 24 horas.

Capacitaremos a policías, Poder Judicial y al sector salud en la
sensibilización de la problemática de la violencia de género para
mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias.

Desarrollaremos un programa nacional de formación de monitoras
comunitarias –dirigentas sociales- en materias de violencia de
género. Incluiremos el tema de la violencia de género y la resolución
no violenta de conflictos, en los textos y programas de educación pre
básica y escolar, en la malla curricular de las carreras de educación, y
de la escuela de formación de carabineros y policías.

Drogas
Respecto del Consumo, adicionaremos a las campañas
de prevención de consumo abusivo de drogas y alcohol, aquellas
orientadas al consumo abusivo de psicofármacos, para que manejen
claramente los riesgos del consumo no supervisado por un médico.
Aumentaremos la cobertura de la prevención selectiva escolar en
1.000 establecimientos de educación básica y media bajo el programa
denominado “Liceo Libre de Droga”.

Crearemos el Programa Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad
que permita atender las necesidades de niños y adolescentes que hayan
desertado del sistema escolar en estas comunas más vulnerables del
país, que los habilite a una reinserción plena al sistema tradicional.
Revisaremos la ley 20.000, entregando el conocimiento de las faltas
consideradas en esta norma, ya no a la justicia penal, sino a los
Juzgados de Policía Local.

Entregaremos a la potestad reglamentaria
de ejecución, la determinación de los niveles o cuantía de droga que
debe considerarse constitutiva de micro tráfico y, consecuentemente,
aquella que le está permitido portar a una persona para su consumo
personal inmediato en el tiempo.

Revisaremos el Reglamento que
considera a la marihuana en la lista 1) entre las drogas más peligrosas.

Respecto de la Prevención, aumentaremos la cobertura de la
prevención selectiva escolar en 1.000 establecimientos de educación
básica y media bajo el programa denominado “Colegio Libre de
Droga”, con una cobertura de 15.000 niños y adolescentes de alto
riesgo, incluyendo a su familia si así se pudiese.
Concentraremos la prevención en la alta vulneración social (comunas
vulnerables y barrios críticos); es decir, en quienes tienen alta
probabilidad de consumo de drogas. Se trata de programas preventivos
selectivos en estas poblaciones (5.000 cupos, que hoy no existen).

Respecto del Tratamiento, duplicaremos la cobertura de
tratamiento de drogas, ambulatorio y residencial, para población
adulta masculina y femenina mayor de 20 años. Triplicaremos la
cobertura de tratamiento de población adulta masculina y femenina
mayor de 20 años con programa de detección temprana de consumo
de riesgo y problemático e intervención breve. Reforzaremos los
tratamientos para población adolescente menor de 20 años, que AUGE
no cubre (casos más complejos).
Adicionalmente, mejoraremos la gestión de los programas dirigidos
a adolescentes menores de 20 años con consumo problemático de
drogas y alcohol. Focalizaremos y ampliaremos la oferta y cobertura
para mujeres , para lo que se propone aumentar la cobertura para
aquellas que tienen hijos menores de 5 años y que puedan permanecer
con ellos durante el tratamiento.

También impulsaremos un Plan Nacional contra el Narcotráfico que
incorpore fortalecimiento de vigilancia en fronteras, en aduanas, en
puertos; trabajo conjunto de especialización de los Fiscales y Policías;

fortalecer las capacidades operativas de fiscales y policías en la lucha
contra el narcotráfico; incrementar el uso de la inteligencia financiera
en temas de lavado de activos, así como la cooperación internacional.

Dotaremos de adecuado sustento institucional a los Tribunales de
Tratamiento de Drogas, y extenderemos su competencia a diversos
casos.

Persecución Penal
Revisaremos y mejoraremos los mecanismos legales de rendición de
cuentas públicas previstos en las leyes orgánicas respectivas tanto de
la gestión administrativa, presupuestaria y sustantiva del Ministerio
Público y las policías.

Promoveremos la creación de una Comisión Nacional de Política
Criminal y Persecución Penal, convocada por el Ministerio Público,
e integrando también a las policías, Gendarmería y Ministerios de
Justicia e Interior, destinada a apoyar la elaboración de una política de
persecución penal de carácter bi-anual.
El Ministerio Público está enfrentando una delicada situación
institucional que impide desarrollar al máximo su potencialidad en la
persecución de los delitos, tanto por la carga de trabajo que enfrenta
como por los nuevos desafíos que surgen de formas más complejas
y sofisticadas de delincuencia que enfrenta nuestro país. Dotaremos
al Ministerio Público de los recursos necesarios para fortalecer la
persecución penal de delitos complejos en especial aquellos que afectan
a grupos extensos de la población, vinculados a crimen organizado y
los que dañan la estabilidad y credibilidad del sistema económico.

Mejoraremos la tramitación de causas masivas de menor complejidad
(baja y mediana), por medio de la instalación a nivel regional de
Unidades de Análisis Delictual. Fortaleceremos los controles internos
sobre la calidad de las investigaciones, la estandarización de criterios
y procedimientos; y el cumplimiento de las políticas generales de
persecución penal.

Adicionalmente, revisaremos la Ley Orgánica del Ministerio Público y
enviaremos un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de flexibilizar
su diseño, de manera de permitir un funcionamiento más eficaz de
la institución en materia de persecución de los delitos, coordinación
interinstitucional y estructura organizacional. Fortaleceremos los
procesos de capacitación de fiscales y funcionarios del organismo.

El Ministerio Público personifica el interés estatal, y por ende
público, en la persecución oficial de los hechos constitutivos
de delito, lo que resulta de la mayor importancia tratándose
de fenómenos criminales que se caracterizan por la afectación
masiva (delincuencia de “cuello blanco”). También tratándose de
fenómenos de criminalidad más tradicionales, es imprescindible
que el ejercicio de la acción penal se encuentre radicado en un
órgano que personifique el interés público. Por ello, fortaleceremos
la capacidad de las agencias vinculadas al proceso penal (Ministerio
Público, y policías) para dar atención oportuna, tratar de manera
digna, entregar información de calidad y proteger a las víctimas.

Adicionalmente, crearemos un Servicio Público Descentralizado de
Apoyo a Víctimas -radicado en el Ministerio de Interior y Seguridad
Pública- que asuma la dirección de los Centros de Atención de
Víctimas, y lidere de Red de Atención a Víctimas. Aumentaremos
la oferta programática estatal de la red de atención a víctimas,
respecto de la atención médica, psicológica y de apoyo a víctimas
de delitos violentos y de otra naturaleza que generen consecuencias
graves.

Desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, un cuello de botella
para su funcionamiento ha sido la capacidad de los organismos
auxiliares (Servicio Médico Legal, Instituto de Salud Pública,
Laboratorios Policiales, etc.). Realizaremos una modernización y
fortalecimiento de los servicios auxiliares que tienen por función
producir evidencia científica para el sistema.

Policía
Hoy se requiere de estrategias policiales diversificadas,
especializadas y focalizadas, adaptadas a las necesidades locales,
en las cuales la mirada local y situacional, deben ser el eje del
trabajo. Enviaremos al Congreso dentro de los primeros 100 días
de Gobierno el proyecto de ley para aumentar la dotación a 6.000
de nuevos carabineros a razón de 1.500 por año, y aumentar los
denominados llamados al servicio. Aumentaremos la dotación de la
Policía de Investigaciones en 1.200 nuevos funcionarios.
Incrementaremos la descentralización del trabajo policial en
el territorio, creando un protocolo de coordinación policía –
municipio. Lograremos una mayor permanencia de los comisarios
en sus cargos a fin de que puedan realizar un trabajo más efectivo y
de largo plazo

Impulsaremos fuerzas de tareas policiales abocadas principalmente
al desbaratamiento de redes de narcotráfico, y presencia de armas
en los barrios críticos y poblaciones vulnerables. Consolidaremos
el acercamiento a la comunidad organizada potenciando el Plan
Cuadrante 2.0, que implique no sólo un reforzamiento logístico de
los planes en actual ejecución (150 municipios), sino un proceso
de reingeniería que asegure resultados demostrables y duraderos,
entregando mayor protección a amplios sectores de la población,
particularmente pertenecientes a sectores medios y vulnerables.

Revisaremos y reforzaremos los programas de entrenamiento
y formación policial, los programas de especialización y de
formación continua del personal de ambas policías. Reforzaremos
los Departamentos o Unidades de Análisis Criminal, tanto en
Comisarias como en Brigadas de Investigación Criminal, con
personal civil y profesional.

Sistema Penitenciario
Debe promoverse una política penitenciaria integral, cuyo eje sea
la rehabilitación y reinserción social. Crearemos una Comisión
Biministerial (integrada por Ministerio de Interior y Seguridad
Pública y Justicia) de modo de evaluar funcionamiento de las
cárceles concesionadas. Avanzaremos en la construcción de nuevos
recintos penitenciarios, de manera de disminuir el porcentaje
de hacinamiento que actualmente asciende a 38% (19.000 plazas
faltantes).
Estableceremos el carácter público del provisionamiento de
programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, ya sea
que se trata de un establecimiento de administración directa
(pública) o concesionado. Aumentaremos la oferta programática
de reinserción que incluyan los ámbitos tradicionales (educación,
laboral, salud física y mental), y programas específicos (conductas
violentas, adicciones, grupos y pandillas, entre otros).

Mejoraremos la cantidad y proporción de técnicos y profesionales
que trabajan directamente con la población penal.
Implementaremos un sistema nacional de clasificación y
segmentación de la población penitenciaria. Impulsaremos
un programa nacional de profesionalización y capacitación del
personal de Gendarmería, que incorpore materias de diversidad y la
no discriminación.

Justicia Penal de Adolescentes
Definiremos una Política Nacional de Reinserción Social de Adolescentes
y crearemos el Primer Sistema Estadístico y de Indicadores deI Sistema
Penal de Adolescentes. A partir de la división del actual Servicio Nacional
de Menores (SENAME), crearemos el Servicio Nacional de Reinserción
Social de Adolescentes, entidad pública especializada y altamente
calificado que asuma responsabilidad directa, en coordinación con las
demás agencias del Estado, por el proceso de reinserción social de cada
adolescente infractor. Respecto la otra función de SENAME, la protección
de menores en situación irregular, quedará radicada en el Servicio
Nacional de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.

Especializaremos todos los órganos de la justicia penal de adolescentes
(policía, jueces, fiscales y defensores), mediante su capacitación y
formación profesional, la creación por ley de incentivos de carrera para la
dedicación exclusiva o preferente, y la orientación de metas e indicadores
hacia el favorecimiento del proceso de reinserción y el respeto de los
derechos y garantías de los adolescentes.

Revisaremos el modelo de atención y la oferta de centros privativos de
libertad de adolescentes, mejorando su impacto en reinserción social.
Reformaremos las sanciones alternativas a la cárcel y las medidas
alternativas al proceso, asegurando su cumplimiento efectivo e idoneidad.

Gestión e Información
La Subsecretaría de Prevención del Delito deberá generar un sistema
de evaluación y auditorías. Se creará además un consejo de expertos
independientes y representativos de todos los sectores que orienten el
accionar de la Unidad.

Desarrollaremos un Banco Nacional de Proyectos en materia de
prevención y control de la violencia y la criminalidad. Pondremos en
marcha el sistema unificado de indicadores de seguridad.

Crearemos indicadores transversales de seguridad y convivencia en las
políticas públicas, por ejemplo, a nivel de diseño de espacios públicos y
vivienda. Desarrollaremos encuestas de “violencia y convivencia”, para
registrar otras realidades delictivas, más allá del delito de oportunidad
más común (delitos contra propiedad principalmente).

(Fuente:  http://www.emol.com/documentos/archivos/2013/10/27/2013102712016.pdf  y selección de Océano Azul)

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