PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA: JUSTICIA

En un Estado democrático de derecho, el sistema de
administración de justicia tiene como una de sus misiones
fundamentales constituirse en un mecanismo de garantía
y protección frente a las situaciones de abuso e injusticias a
las cuales puede verse enfrentada gran parte de la ciudadanía.

En el actual momento de nuestro país esto conlleva dos
preocupaciones fundamentales: la primera, consiste en
asegurar la independencia de los jueces; la segunda, consiste
en garantizar un genuino acceso a la administración de
justicia, de la que hoy se encuentran, en los hechos, privados
importantes sectores sociales.

Durante los primeros veinte años de los gobiernos democráticos,
se desarrolló en Chile un vigoroso proceso de reforma judicial,
que incidió ante todo en los ámbitos procesal penal, laboral
y de familia. Sin embargo, el sistema judicial y los múltiples
servicios vinculados al sector justicia, pueden hacer un mayor
esfuerzo para la atención de grupos vulnerables, así como
de la clase media. Lamentablemente, para la mayor parte
de la población, los servicios y las posibilidades de defensa
de derechos que el sistema judicial ofrece son percibidos
todavía lejanos, quedando en muchos casos sin la posibilidad
de ejercerlos, situación que dificulta la cohesión social que
nuestro país requiere, y que estimula el ambiente de desapego
de la población respecto de las instituciones, escenario que es
nuestra obligación revertir.

Todo lo anterior nos insta a redefinir una nueva y consistente
agenda de modificaciones en el ámbito de justicia que se
constituya en una guía para los años que vienen, sobre la base
de un gran objetivo: un real acceso a justicia para todos.

En este contexto, impulsaremos un Nuevo Sistema de
Asistencia Jurídica para Chile. El objetivo de un nuevo
sistema de asistencia jurídica debe ser asegurar servicios
jurídicos preventivos, de asesoría en asuntos jurídicos y
de representación en juicio, para personas que no pueden
financiarlos total o parcialmente, de una calidad equivalente
a los que se pueden procurar las personas que cuentan con los
recursos para ello.

Trabajaremos conjuntamente con el Poder Judicial en el
desarrollo de una Justicia de Calidad, como una política
de Estado, de desarrollo gradual, evaluando las mejoras a
introducir en los ámbitos del sistema judicial que ya han sido

objeto de reformas y continuando con aquellas que demanda
el Chile de hoy. Al respecto, impulsaremos la discución en
torno al gobierno judicial, con una amplia participación de
este poder.

También sobre una carrera judicial alineada con
nuevos incentivos, de modo que responda a la diversidad y
complejidad de los cambios que Chile demanda en acceso a la
justicia, transparencia, rendición de cuentas y equidad.

Continuaremos adelante con el proceso de Reforma a la Justicia
Civil, con un horizonte de mediano plazo, promoviendo, un
reordenamiento de competencias, tanto a nivel local como
de jueces de letras; propiciando una revisión del sistema de
ejecución, particularmente en áreas tan sensibles como el
cobro de pensiones alimenticias y de cotizaciones previsionales
impagas; propiciando la revisión del sistema de ejecución y;
revisando el proyecto de ley propuesto para el nuevo Código
Procesal Civil. Como resultado de un nuevo mapa de las
competencias de la Justicia Civil debemos hacernos cargo del
diseño de una nueva judicatura, priorizando la creación de
una nueva justicia local verdaderamente independiente de los
gobiernos comunales.
En otra área, nos haremos cargo de implementar una reforma
al Sistema de Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y
Archiveros, cuya institucionalidad es anacrónica, y se organiza
como una fuente de excesivo lucro personal, no asignado en
razón de mérito, que además provee servicios muchas veces
ineficientes y de alto costo para la ciudadanía. Debemos
organizarlos verdaderamente como un servicio público para
las personas, sujeto a estándares de transparencia y calidad,
que resguarden la fe pública en forma eficiente, accesible y
responsable.
Particular atención nos merece la revisión de la normativa
referida a la protección de personas en situación de
vulnerabilidad o discriminadas. Al respecto, un ámbito
prioritario lo constituye la promoción del derecho de cada niño
y niña a crecer en el seno de un hogar familiar que resguarde
adecuadamente sus derechos y asegure su bienestar, y sólo
transitoriamente bajo la protección del Estado, impulsando
una profunda reforma en materia de adopción, que racionalice
sus etapas y plazos. Otra iniciativa relevante será eliminar
discriminaciones contra la mujer, sustituyendo la sociedad
conyugal por una comunidad de bienes, fundada en la igualdad
y en la protección del patrimonio familiar; consagrando en

todo matrimonio una responsabilidad común y efectiva frente
a las deudas familiares; y, modificando la regulación de la
compensación económica.

Dentro del ámbito de la protección de las familias y la eliminación
de discriminaciones propiciaremos una regulación legal que
permita, sin discriminación, proteger patrimonialmente a los
convivientes que no opten por el matrimonio u otra forma de
regulación civil, en particular al menos favorecido en términos
patrimoniales o previsionales, en caso de ruptura o muerte.

El Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), propuesto por el actual
gobierno, es insuficiente y no constituye un mecanismo
de solución “integral” a los problemas de las uniones
heterosexuales y homosexuales. Por ello, para las parejas que
no optan por el matrimonio propiciaremos una regulación
alternativa, que otorgue derechos y protección integral a
los convivientes en sus relaciones mutuas personales y
patrimoniales. Sin perjuicio de esto, como lo establecemos en
el capítulo de Igualdad y no Discriminación, convocaremos a un
debate abierto, con participación amplia para la elaboración y
posterior envío de un proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Otra área que merece nuestra atención se refiere a prevenir y
sancionar todo abuso y violencias en las relaciones familiares.
Dentro de ella, buscaremos se sancione directamente
el incumplimiento de medidas de protección en caso de
violencia intrafamiliar y que el delito de maltrato habitual
sea debidamente juzgado, y apoyaremos la capacitación de
funcionarios judiciales y de la policía en derechos humanos de
la mujer, así como la generación de protocolos de entrevista que
eviten la reiteración injustificada de los hechos de violencia.
En el ámbito del Derecho Penal, impulsaremos una revisión
integral de la legislación penal vigente, sin perjuicio de lo cual
nos haremos cargo de reformas urgentes, especialmente en
el ámbito de los delitos económicos, frente a la premisa de
superar el paradigma de una legislación anclada en una visión
clasista y estereotipada de la delincuencia. La sanción penal de
la colusión constituye un claro ejemplo en esa línea.
Por último, dentro de la agenda de Justicia para los próximos
años, debemos considerar los temas de Derechos Humanos,
impulsando la creación de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y del Ombudsman o Defensor del Pueblo.

(fUENTE:  http://www.emol.com/documentos/archivos/2013/10/27/2013102712016.pdf  y selección de Océano Azul)

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